Necesita recaudar e incorporar evidencias en su proceso, entonces, requiere de un investigador judicial.
Garantizamos absoluta reserva y discreción. Nos encargamos de obtener la información, elementos probatorios y evidencias que se requieran en procesos penales y civiles.
Un investigador privado es un profesional contratado para llevar a cabo investigaciones confidenciales en nombre de individuos, empresas o instituciones. Su trabajo puede incluir la recopilación de información, vigilancia, búsqueda de personas, verificación de antecedentes y otras tareas relacionadas con la investigación privada.
La investigación forense es el proceso de aplicación de conocimientos científicos y técnicos en la recolección, análisis y presentación de pruebas en casos legales. Se utiliza para determinar la causa de un delito, identificar a los responsables y proporcionar pruebas válidas ante los tribunales.
La investigación criminal es el proceso de recopilar y analizar pruebas para resolver un delito y determinar quién es el culpable. Igualmente, incluye la recopilación de evidencia, entrevistas con testigos y sospechosos, análisis forense y la presentación de pruebas ante la justicia.
Un investigador judicial sirve para recopilar pruebas, realizar investigaciones y obtener información relevante que pueda ayudar en la resolución de casos legales ante la justicia.
La criminología es el estudio científico del crimen, los delincuentes y el comportamiento criminal. Asimismo, sirve para comprender las causas, consecuencias y prevención de la delincuencia, así como en el desarrollo de estrategias para combatirla.
La criminalística es una disciplina que se encarga de aplicar métodos científicos y técnicas especializadas para analizar y recolectar evidencias en el lugar de un delito. Del mismo modo, sirve para identificar al autor del delito y proporcionar pruebas sólidas en el proceso legal.
El derecho a la defensa es un principio fundamental que garantiza a toda persona el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oída y obtener una decisión favorable en un proceso judicial. Este derecho implica la facultad de pedir y presentar pruebas, controvertir las pruebas que se presenten en su contra, formular peticiones y alegaciones, así como impugnar las decisiones que se adopten.